Por IRD²
“La crítica mediatizada dentro del PCM por la irracionalidad deviene ahora en la emancipación racional de la crítica fuera del mismo; la crítica de la conciencia deformada, en formación de la conciencia y la irrealidad histórica del Partido Comunista Mexicano, en el inicio de la existencia real del partido de la clase obrera” (José Revueltas).
Según algunas versiones oficiales, "un hombre de las confianzas del profesor Cabañas", tras un largo recorrido por la sierra, se encargó de conducir a Rubén Figueroa y demás acompañantes hasta donde Lucio los encontraría. El último retén de guerrilleros con que se toparon, armados todos con M-2 y rifles Fal, despojó a la comitiva de sus armas; de ese modo —recordaba Figueroa— "recibí la primera comprobación de que yo estaba secuestrado".
Por la mañana del 29 de junio de 1974 en Acapulco, Guerrero se conoció la primera declaración oficial de carácter militar desde que el presidente Echeverría ordenó el rescate del senador secuestrado Rubén Figueroa Figueroa. Según el periódico El Heraldo de México, el General Salvador Rangel Medina, comandante de la XXVII Zona Militar, reportó que sus efectivos habían tomado un campamento del grupo guerrillero encabezado por Lucio Cabañas y habían decomisado armas, al menos 58 mochilas útiles debidamente avitualladas y diversos documentos, entre los que se encontraron borradores de los primeros comunicados del PDLP relativos al secuestro del senador.
Días antes, el 26 de julio de 1974, en un reporte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se indicó que a las 20:30 horas el presbítero Carlos Bonilla Machorro hizo entrega a Rubén Figueroa Alcocer de un comunicado (guerrillero) de fecha 7 de junio del 74 en el que se demandaba el pago de 50 millones de pesos como rescate del senador so pena de ser ejecutado el 3 de agosto del mismo año en caso de no atenderse oportunamente el requerimiento.
El 10 de junio de 1974, aun con la sangre fresca en la memoria por la Matanza del Jueves de Corpus, el PDLP emitió su segundo comunicado con relación al secuestro del senador y candidato a gobernador del estado de Guerrero:
Con la presente ratificamos que tenemos en nuestro poder en calidad de secuestrado al senador burgués, millonario y explotador Rubén Figueroa Figueroa y que lo dejaremos en libertad cuando la burguesía y el gobierno federal cumplan las peticiones revolucionarias que les haremos, después del retiro de tropas y policías, tal como lo indicamos en el primer comunicado. Hasta el momento las tropas y policías no se han retirado […] A la burguesía y sus funcionarios que afirman que hemos tendido una trampa a Rubén Figueroa, les decimos: es cierto. Y recuerden, señores burgueses carrancistas, que ustedes tendieron otra peor contra Emiliano Zapata; ustedes, señores de la trampa y del crimen, llamaron a Zapata a Chinameca para unirse a su causa redentora y lo recibieron a balazos, allí murió la esperanza del pueblo y por eso hoy haremos la revolución socialista […] Ustedes, señores criminales del PRI, con López Mateos prometieron tierras a los campesinos que seguían a Rubén Jaramillo para que este se pacificara dejando las armas, él les creyó, se pacificó y al poco tiempo lo asesinaron soldados, bestias verdes con ráfagas de ametralladoras. Ustedes, señores delincuentes del gobierno, el año pasado fueron a los poblados del Quemado y del Camarón, dijeron que Echeverría los mandaba entregar dinero del banco a los campesinos y estos se reunieron en la escuela de cada lugar, pero era una verdadera trampa del gobierno contra el pueblo, porque enseguida el ejército criminal y bestial rodeó las escuelas, comenzó la golpiza y tortura contra hombres y mujeres, conduciendo los presos hasta Acapulco, donde personalmente los golpeó el comandante de la Zona Militar. En la tortura murió Don Ignacio Sánchez con otro campesino, mientras el anciano Maximiliano de la Cruz está convaleciente. Estos hechos son tradición del PRI y del gobierno contra el pueblo mexicano. ¿Por qué se espantan ahora con la trampa que les hicimos a ustedes los tramposos? Nosotros somos los justos, ustedes son los verdugos asesinos, nosotros no torturamos ni traicionamos al pueblo porque nuestros pasos van iluminados por el gran ejemplo de Morelos, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata.
El secuestro del senador y candidato a gobernador del estado de Guerrero desató una feroz persecución de los guerrilleros, señalados por el gobierno como gavilleros, delincuentes y bandoleros. Los dispositivos de aldeas estratégicas en la sierra se multiplicaron, al igual que los cercos militares de control en las terminales y principales carreteras del Estado; se intensificó también la tarea de inteligencia militar en la búsqueda y localización del entonces senador y el comando guerrillero que lo resguardaba.
En el umbral de estos acontecimientos, el tiempo de la insurrección camina a marchas forzadas y a cada paso se anuncia ya el nacimiento de la leyenda de Lucio Cabañas, pero también el inicio de una historia donde un “fondo de guerra” pasa de ser un recurso de la insurgencia armada a convertirse en un recurso para fines electorales del PCM, en la ruta inexorable de su naufragio, primero como PSUM y después como PRD.
En el principio de la historia, los cables difundidos por la organización global Wikileaks, como parte del Paquete Kissinger revelan con claridad que Figueroa nunca tuvo el propósito de atender los reclamos del PDLP cuando dispuso el encuentro con Lucio en la sierra y Lucio lo sabía cuando decidió retener y pedir un rescate a cambio de la entrega del senador y candidato a gobernador. De los cables confidenciales enviados por la embajada yanqui a Washington, difundidos por Wikileaks, se desprende que estos daban por supuesto que Rubén Figueroa pretendía “maximizar el beneficio político del gobierno, en general, y del ejército mexicano, en particular”, es decir, ganar bonos políticos en su campaña electoral, cuando decidió ir al encuentro de Lucio en la sierra de Atoyac.
Algunos años después de la caída en combate de Lucio en el enfrentamiento del Otatal y de la evasión de Rubén Figueroa de su custodia insurgente, el asunto del fondo guerra obtenido por concepto del rescate del senador estremeció al gobierno mexicano y a su recién estrenada Reforma Política Electoral. El 1 de julio de 1985, el periódico La Razón consignó lo siguiente:
Un grupo de cinco hombres armados secuestró a Arnoldo Martínez Verdugo, uno de los dirigentes más importantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y quien había sido secretario general del Partido Comunista. Los secuestradores eran miembros del Partido de los Pobres (PDLP) y se decían continuadores de las ideas y la lucha de Lucio Cabañas […] Una década antes, integrantes del PDLP, habían entregado entre tres y cinco millones de pesos a la dirigencia comunista, encabezada por el propio Martínez Verdugo, por Arturo Martínez Nateras y Valentín Campa. Era dinero envenenado, porque formaba parte del rescate que se pagó para que el senador Rubén Figueroa salvara la vida, luego de ser secuestrado por Lucio Cabañas […] Meses antes del secuestro de Martínez Verdugo, miembros del PDLP se habían llevado a Félix Bautista, quien había sido guerrillero y fue el encargado de entregar el dinero al PCM. Sus captores lo acusaban de robo y querían que el dinero les fuera devuelto. Como no obtuvieron respuesta favorable a sus peticiones, decidieron emprenderla contra Martínez Verdugo […]
El PCM, en efecto, utilizó el dinero para comprar una casa en la calle de Durango, en la colonia Condesa, y para la adquisición de automóviles, y cubrir diversas necesidades operativas. La dirigencia del PSUM, y en particular los de extracción comunista, se vieron obligados a negociar y se tuvo que pagar rescate. El pago fue de 100 millones de pesos de aquellos años, y lo proporcionó el gobierno mexicano. El presidente Miguel de la Madrid autorizó que se hiciera todo lo posible para que los dos secuestrados regresaran con vida.
La casona de la calle Durango 338, adquirida por el partido Comunista Mexicano (PCM), después Partido Socialista Unificado de México (PSUM), fue inaugurada como su local en un acto público en septiembre de 1975, poco menos de un año después de la muerte de Lucio en el enfrentamiento del Otatal y es emblemática por haber sido comprada con parte del dinero del fondo de guerra del Partido de los Pobres (PDLP) y porque se convertiría posteriormente en la oficina administrativa, en la Ciudad de México, de la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aún hoy es posible observar por internet (Google Earth) la casona, con el sol azteca brillando sin escrúpulos en la entrada del domicilio.
En el marco de los secuestros, primero de Félix Bautista y después de Arnoldo Martínez Verdugo, tras haber guardado un silencio culposo prácticamente a lo largo de toda la crisis frente a los reclamos insurgentes, la Comisión Política en turno del PSUM declaró públicamente que los 5 millones de pesos puestos en custodia del PCM, posterior a la muerte de Lucio y que pertenecían al PDLP, se utilizaron “en la compra de un inmueble para estar en condiciones de regresarlo con el incremento de su valor”. Esta declaración fue calificada por Arturo Martínez Nateras —miembro del Comité Central del PCM de 1972 a 1978 y participante directo en la administración “de los denarios”— como “indebida” y “vergonzante”.
En su libro “El secuestro de Lucio Cabañas”, Martínez Nateras sostiene a manera de confesión: “Es muy posible que nosotros, o si se quiere, yo, hubiese cometido el error de emplearlos para el desarrollo y fortalecimiento del PCM […] La directiva actual del PSUM, en un gesto de lucidez y de honradez, debe aceptar los hechos como son, inclusive y en todo caso, mostrar disposición pública de reintegrar esos recursos o los bienes que se adquirieron con ellos que no se hayan consumido”.
En suma, la directiva en cuestión del PCM se transó el dinero y cuando el lodo les llegó al cuello, apelaron a la “mentira como método” en busca de una salida decorosa que los eximiera de su culpa, pero para entonces ya era demasiado tarde, la evidencia era tan contundente que ni su propia membresía partidista les creyó el cuento y cuando trataron de victimizarse organizando una colecta solidaria para responder a los reclamos insurgentes, obtuvieron una respuesta a la altura de su falsedad, de tal modo que fue el propio gobierno de Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación Manuel Bartlett, los que salieron en su auxilio con el pago de los 100 millones con los que finalmente se cerró el capítulo de los secuestros en cuestión.
Según Martínez Nateras, “el dinero no se aplicó a un inmueble sino a varios” (el edificio de Durango 338 y dos terrenos) y detalla: “Cada peso se invirtió al servicio del desarrollo del PCM. Estas son las cuentas: con 1.100.000 se adquirió, amuebló y acondicionó el local de Durango 338, hoy en poder del PSUM; 1.500.000 se destinaron a equipos diversos: máquinas de escribir, teléfono, fotocopiadora, dobladora, autos. Se invirtió en dos terrenos, se apoyó a la editorial (ECP); 500,000 se destinó a solidaridad internacional y el resto al pago de profesionales del PCM”.
Un apotegma popular sostiene “que nunca se sabe para quién se trabaja” y lo trágico, lo triste y paradójico es que parte del recurso del fondo de guerra por el que muchos combatientes del PDLP perdieron la vida animados por el deseo de una transformación profunda de la sociedad, le sirvió finalmente a un PRD que hoy se presenta como apéndice de la alianza del PRIAN en su lucha contra la 4T obradorista, en una secuencia de acontecimientos que, tras la Reforma Política, trazó la ruta del naufragio de la "alternativa electoral socialista” y el principio del fin de la hegemonía priista como “partido único” en el sistema político electoral mexicano.
La paradoja planteada no debe pasar inadvertida, porque muerto Lucio Cabañas, comandante histórico del PDLP, se da a conocer el “discurso de Chilpancingo” en el que Jesús Reyes Heroles, con arrogancia triunfalista, anuncia la Reforma Política y le ofrece a la izquierda “los placeres lujuriosos de la legalidad”. No se trata solo de anunciar el “ensanchamiento de la pluralidad política”, se trata también, como colofón, de consolidar “la pacificación” y sellar el triunfo de la guerra contrainsurgente. En un artículo de Arnaldo Córdova publicado en la jornada el 2 de junio del 2013 (Díptico In Memorian), se sostiene:
Es cierto que las guerrillas en ningún momento pusieron en peligro al Estado de la Revolución Mexicana, pero lo grave era, como diría don Jesús Reyes Heroles, que no lo dejaban gobernar […] Reyes Heroles hizo el planteamiento a López Portillo y este lo aceptó como una buena estrategia política que ayudaría a pacificar el país […] Para llevar a cabo el proyecto necesitaban un interlocutor en el mismo campo donde se generaba la rebelión: el de la izquierda, en el que convivían de mala manera grupos y grupúsculos de la más diversa índole, desde los partidarios de lo que se llamaba revolución pacífica hasta los que preconizaban la lucha armada […] Como persona, Arnoldo fue el principal interlocutor del gobierno y en especial, de Reyes Heroles, en los acuerdos que dieron lugar a la reforma constitucional de 1977 y a la reforma legislativa que le siguió. Sin él y su importantísima labor en el campo de la izquierda, la reforma política no se habría consumado, por lo menos de la forma en que se hizo, ni se habría abierto el camino, como sucedió, a la verdadera irrupción en la política de la izquierda mexicana.
En las ponencias que le dan cuerpo a las “consultas públicas” realizadas para legitimar la Reforma Política de 1977 destaca “a flor de piel” el ánimo de estigmatizar de terrorista, provocadores, delincuentes y violentos a los guerrilleros, para aislar y combatir a la izquierda armada revolucionaria socialista y por otro lado, enaltecer e institucionalizar a la izquierda socialista proclive al reformismo y a las lides electorales. La idea de la “pacificación” de López Portillo, referida por Arnaldo Córdova, no puede menos que recordarnos, a la idea de la “pacificación” de López Mateos y al asesinato artero de Rubén Jaramillo y familia, incluyendo a su esposa embarazada. En realidad se trata de un eufemismo para referirse al objetivo de derrotar política y militarmente a la insurgencia armada.
Con la exhibición pública del destino que había tenido una parte sustanciosa de los fondos de guerra obtenidos por el PDLP con el secuestro de Rubén Figueroa, el naciente PSUM, que para entonces vivía los “placeres lujuriosos de la legalidad”, se enfiló por la ruta del naufragio. La calidad ético-política de sus dirigentes, las “majaderías” con las que se enfocó el problema, la indolencia mostrada en el rescate de sus compañeros, las falsedades de sus declaraciones públicas frente a los hechos en cuestión, el ocultamiento de la verdad pretendiendo desconocer a los sobrevivientes del PDLP como legítimos continuadores de la lucha de Lucio Cabañas, el menosprecio de la guerrilla y de sus propios militantes, entre otros aspectos, exhibieron a un PSUM con pies de barro, sostenido durante esta crisis por el gobierno mexicano encabezado por Miguel de la Madrid.
Tres años después, en la víspera de la elección presidencial de 1988, el PSUM había cedido su registro al Frente Democrático Nacional (FDN) encabezado por el Ingeniero Cárdenas, el Lic. Porfirio Muñoz Ledo y la economista Ifigenia Martínez. Con este acto se enajena el ideario socialista en beneficio de la inicialmente denominada “Corriente Democrática del PRI”, que daría lugar, finalmente, a la formación del PRD. De esta estructura política hoy solo queda su vergonzosa alianza con el PRI y el PAN y por otro lado, la nostalgia de un Cárdenas que no perdona el fraude salinista del 88 y la inclusión de su archirrival, otrora secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, como Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno obradorista.
Derivado de los reclamos del PDLP al entonces PSUM se reabre el expediente contrainsurgente de la descalificación política, y de nuevo se desplegó una campaña mediática orientada a presentar a los guerrilleros como “delincuentes, provocadores y delirantes”, tal cual se había hecho durante el secuestro de Rubén Figueroa diez años atrás. Aun hoy en pleno siglo XXI y en el marco de los homenajes póstumos brindados por el gobierno de la 4T a Martínez Verdugo, en el contexto de su exhumación y traslado a la Rotonda de las Personas Ilustres, se escucha el eco de estos desplantes, pero la verdad es siempre revolucionaria y a veces se abre camino por veredas inesperadas.
En un artículo de Octavio Rodríguez Araujo, “Martínez Verdugo y otros recuerdos”, publicado en la Jornada el 17 de enero de 2013 se sostiene: Con lo anterior no estoy justificando el secuestro de mi amigo Arnoldo Martínez Verdugo, ni tampoco el de Félix Bautista, a quien no conocí. Lo que estoy tratando de decir es que los guerrilleros de entonces y de ahora no son delincuentes, y que quizá tuvieron razón en presionar al sucesor del PCM, el PSUM, para que les devolviera el dinero que le habían dado a guardar. Lo que entiendo es que nadie se movió por el secuestro de Bautista, quizá porque no era muy importante en la política, pero sí cuando el plagiado fue Arnoldo. Según las crónicas conocidas hoy, fue de tal importancia dicho secuestro que el gobierno de Miguel de la Madrid pagó el rescate de ambos, se dice que 100 millones de pesos.
Por supuesto que para entonces, el devenir histórico de los acontecimientos con el alzamiento del EZLN en 1994 con ocasión de la firma del TLC y la aparición pública del EPR en 1996 con ocasión de la Matanza de Aguas Blancas, no dejaba ya lugar a dudas sobre el fracaso del objetivo y la estrategia contrainsurgente aderezada en el “Discurso de Chilpancingo”. La contundencia de estos acontecimientos sacó a flote la verdadera historia de las guerrillas mexicanas, sepultadas hasta entonces, en el mundo de los tabús y de lo “increíble”. La relevancia de esos acontecimientos se entronca también con la desaparición del “socialismo electoral”, subsumido para entonces en la “lucha tribal” del PRD, cuya subsistencia hoy solo es útil como recordatorio de que los restos del naufragio aun flotan en las turbulentas aguas de la 4T y su expresión morenista.
No obstante lo anterior, se tiene presente también que por la misma ruta del naufragio de la “izquierda electoral” transitó el naufragio del PRI como partido de Estado en el sistema político electoral mexicano. Pero la recomposición del bloque de poder burgués habilitada por la Reforma Política, exhibida hoy en día como lucha entre neoliberales conservadores versus progresistas liberales transformadores está muy lejos de cumplir las aspiraciones históricas por las que combatió y murió Lucio Cabañas.
El “nacionalismo revolucionario” reclamado por la 4T ha pretendido reivindicar la lucha del PDLP y de Lucio Cabañas con la intención de asumirse como heredero de su causa en una maniobra ideológica y política orientada a despojar al pueblo de sus líderes insurgentes y a la institucionalización de su nombre, tal como lo hacen hoy en día con Emiliano Zapata, Francisco Villa y los Flores Magón.
La práctica del secuestro como medio insurgente para la obtención de recursos económicos, logísticos-militares y/o con propósitos políticos ha sido objeto de impugnación desde distintos horizontes ideológicos y corrientes de opinión, pero en México se encuentra en el tintero de la historia. El 20 de enero de 1994 el EZLN dio a conocer las conclusiones del juicio popular seguido para establecer responsabilidad del “prisionero de guerra” de nombre Absalón Castellanos Domínguez, ex gobernador del Estado de Chiapas y general de división del Ejército Federal Mexicano, acusado de delitos varios en perjuicio de la población indígena chiapaneca, en el cual se expone:
El señor General de División Absalón Castellanos Domínguez fue encontrado culpable de los delitos de violación a los derechos humanos indígenas, robo, despojo, secuestro, corrupción y asesinato. Sin encontrarse atenuante alguno en la comisión de estos delitos, el Tribunal de Justicia Zapatista dicta la siguiente sentencia:
Se (le) condena […] a cadena perpetua, haciendo trabajos manuales en una comunidad indígena de Chiapas y a ganarse de esta forma el pan y medios necesarios para su subsistencia.
Como mensaje al pueblo de México y a los pueblos y gobiernos del mundo, el Tribunal de Justicia Zapatista del EZLN conmuta la pena de cadena perpetua […] lo deja libre físicamente y, en su lugar, lo condena a vivir hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó.
El Tribunal de Justicia Zapatista turna esta resolución al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, para que se tomen las medidas necesarias y pertinentes para el cumplimiento de lo resuelto […] Asimismo, recomienda que se proponga al gobierno federal el intercambio del señor general de división Absalón Castellanos Domínguez por la totalidad de los combatientes zapatistas y los civiles injustamente presos por las tropas federales durante los días que dura actualmente nuestra justa guerra. También se ofrece canjear al militar por víveres y otros medios que alivien la grave situación de la población civil en los territorios bajo control del EZLN.
Años después, el 20 de diciembre de 2010, un grupo de “misteriosos desaparecedores” (Red Global por la Transformación) reivindicó el secuestro del senador y excandidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos y en un extenso comunicado, que será recordado por el entonces senador como “la noche en que su pasado obscuro lo alcanzó”, revelaron las razones y la intencionalidad política de su acción. El comunicado empieza con una inusual cita de Bertolt Brecht tomada de su texto ME_TI. El Libro de las Mutaciones:
Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar, fueron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de las circunstancias en las que matar ya no sea provechoso para nadie. Lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. No vacilaron en oponer violencia a la violencia.
Y enseguida exponen:
La violencia más sofisticada, la que a diario nos golpea y quizá la que menos reconocemos como violencia, es la que parece no venir de ninguna persona; es la violencia estructural «invisible» presentada siempre como «estragos», «golpes» o «crisis internacionales» que parecen nunca terminar para Nosotros pueblo […] Por paradójico que parezca, la historia de la humanidad demuestra que, para generar las condiciones humanas de existencia, se necesita en ciertos momentos ejercer la violencia como una adecuación social que hace permisible terminar con ciertas formas de vida para generar otras. La violencia destructiva, como la que ejerce el gobierno, solo concibe destruir sin construir algo superior y distinto que constituya verdaderamente un estado mejor de vida y no solo para unos pocos. La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria.
Con respecto al senador sostienen:
Diego Fernández de Cevallos Ramos es un operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, un traficante de influencias, un mercenario de los juzgados, un legislador a sueldo, un rentista de la crisis y un defensor de los grandes capos de la droga. Por ello su aprehensión fue una actividad pensada y realizada como un acto de desagravio […] Ahora sabemos que la revelada relación entre los gobiernos mexicanos y el narcotráfico ha sido una constante. Lo que en un inicio fue un jugoso negocio controlado con acuerdos y cuotas pactadas se ha convertido en un mercado en disputa donde el gobierno no ha dejado de favorecer al ala que lo ha nutrido. Desde finales de los ochentas la diferencia entre el narco y el Estado comenzó a desdibujarse y no se sabía quién era quién. Raúl Salinas bajo el consentimiento de su hermano Carlos, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Nazar Haro, Juan Sandoval Íñiguez, Rubén Figueroa (padre e hijo), Diódoro Carrasco, Ulises Ruiz, Mario Marín, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna, por mencionar a algunos de sus principales actores, han sido contacto y beneficiarios, y no podía faltar Diego Fernández de Cevallos. Su relación con la muerte del Señor de los Cielos (desmentida por García Calderoni [sic]) y haber recibido algunos millones de dólares procedentes del narco, parecen asuntos menores en comparación con la estrecha relación del gobierno y el desarrollo y consolidación del narcotráfico en México. México vive el contexto más violento desde la Revolución Mexicana, como consecuencia del proyecto Irán-contra, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de los ochenta, por medio del cual permitió el tráfico de drogas de Latinoamérica a la Unión Americana, pactando con personajes de la talla de Pablo Escobar, Caro Quintero y el propio Señor de los Cielos, a cambio de recursos para combatir los movimientos insurgentes en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos fomentó la actividad del narco, sin importar las implicaciones que esta actividad tenía en los lugares donde se promovía (sobre todo Colombia y México) a cambio de exterminar a la disidencia política; la herencia que nos queda del Irán-contra es el inmenso poder económico y de combate que acumularon los carteles del narcotráfico en nuestros países. México fue cómplice de dicho plan, y ahora todos Nosotros pagamos las consecuencias del crecimiento del narcotráfico a niveles que ni el Estado puede controlar.
Y concluyen:
Tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituyó además un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones; una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los descalzonados, como él nos denomina; una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable; una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad.
Por su parte, en un comunicado difundido el 31 de mayo del 2013 en el periódico La Jornada, el EPR niega haber participado en el secuestro de los hijos de Álvarez Candiani, la agrupación insurgente recordó que desde su primer congreso como PDPR en el año 2000 “decidimos, producto de la reflexión, suspender el impuesto revolucionario mediante la retención a los enemigos del pueblo y acciones de expropiación, partiendo de la tesis de que la revolución la hace el pueblo, por consecuencia, él la sostiene en todas sus facetas y no necesitamos recurrir a esas prácticas.
A grandes trazos, la historia del fondo de guerra convertida en usufructo electoral permite establecer lo siguiente:
Los secuestros de Félix Bautista y Arnoldo Martínez Verdugo son subsidiarios del ejecutado por el PDLP contra Rubén Figueroa Figueroa; de hecho, constituyen el epílogo de este acontecimiento registrado en la historia de México, en el marco de uno de los alzamientos rurales de mayor importancia, pero también constituyó el preludio de la muerte de Lucio Cabañas en el enfrentamiento con el ejército en El Otatal. Debe recordarse que la ubicación de la columna guerrillera fue delatada por Isabel y Anacleto Ramos que serían posteriormente ajusticiados en Ciudad Nezahualcóyotl como parte de las acciones político-militares que desarrolla la Brigada Campesina de Ajusticiamiento después de su reaparición pública a principios de los 80. El contexto en el que se produce el secuestro del alto y reconocido funcionario del PSUM es el de la Reforma Política y su implementación como parte de una estrategia contrainsurgente, por lo que su realización constituye también una respuesta a quienes daban por consumada la derrota del movimiento armado revolucionario en México.
Que la lucha contrainsurgente de mediados del siglo XX en México, integrada en su tramo final con la Reforma Política del 77, fracasó en su intento de aislar y destruir al movimiento armado revolucionario. La persistencia de la insurgencia armada en pleno siglo XXI y su insoslayable presencia en los acontecimientos que definen la historia contemporánea del país son prueba irrefutable de lo anterior.
La condición humana, indistintamente de quien se trate, obliga a reconsiderar la práctica del secuestro en el marco de los Convenios de Ginebra y sus protocolos relativos a los prisioneros de guerra. Esta necesidad es más acuciosa por lo que se refiere a las prácticas del terrorismo de Estado y la guerra sucia que le caracteriza, por cuanto en este territorio, el secuestro adquiere la forma de la desaparición forzada acompañada de las prácticas de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, siempre inspirados en el concepto del “enemigo interno” y su visión parantropoide del insurgente.
Del naufragio del PSUM como opción electoral de la “izquierda socialista” no se desprende que esta forma de lucha se encuentre cancelada. La crítica de Revueltas al PCM como expresión de una “conciencia deformada del proletariado” permite explicar su abdicación, y subordinación a un proyecto nacional distinto al de la clase trabajadora, como el representado en su momento por la Corriente Democrática del PRI en sus distintas mutaciones: Frente Democrático Nacional (FDN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En pleno siglo XXI el asunto de la contabilidad del fondo de guerra para determinar el porcentaje sustraído por el PCM para los fines de su logística electoral es irrelevante y sería ocioso entrenarse en esta operación, en todo caso es de mayor significación tratar de entender por qué el gobierno de Miguel de la Madrid se mostró obsequioso con el PSUM y decidió absorber el pago correspondiente al rescate de Martínez Verdugo y Félix Bautista.
Los secuestros de Rubén Figueroa Figueroa, Absalón Castellanos y de Diego Fernández de Cevallos a manos de la insurgencia armada en México son representativos de tres momentos históricos distintos en la vida nacional. El de Rubén Figueroa en tiempos de la hegemonía priista como partido único y de Estado que aún se reivindica como heredero de la Revolución Mexicana y bajo cuyo manto se encubre y protege el caciquismo como instrumento de control y sometimiento en el mundo rural. El de Absalón Castellanos en el marco de la insurrección neozapatista y la firma del TLC constituye la impugnación más contundente al arribo del neoliberalismo, detractor del nacionalismo revolucionario e inspirado en corrientes políticas y económicas de orientación golpista y de explotación tayloriana de la clase trabajadora. El de Diego Fernández de Cevallos, por la significación política del personaje, se constituye como el principio del fin del neoliberalismo, en momentos en que la crisis del capitalismo y sus secuelas sociales, comprometen la dominación política del bloque de poder burgués en México y demanda el arribo de un Estado benefactor que recupera la “ideología de la Revolución Mexicana” como política de Estado y reoriente el modelo de explotación capitalista que predominó durante la larga noche neoliberal, en contubernio con los grande capos de la droga, bajo la dirección de la DEA y la CIA que se sirven de sus ilícitos recursos para financiar la contrarrevolución en América Central.
Pese a las subsistencias del movimiento armado revolucionario y a distintas expresiones políticas de la izquierda socialista y/o comunista, la clase trabajadora continúa cabalgando en su lucha contra los opresores como “un jinete sin cabeza”. Esta asignatura revelada desde los años 50 continúa reclamando la articulación de una alternativa socialista de carácter nacional, con mayor razón aún, si consideramos que la rueda de la historia, en sus giros espirales, coloca una vez más (antes ocurrió durante el cardenismo a principios del siglo XX) a las fuerzas socialistas frente al predicamento de apoyar el proyecto liberal-populista del nacionalismo revolucionario en su confrontación con el neoliberalismo proimperialista o mantener su independencia política-ideológica desarrollándose con astucia y versatilidad en medio de la coyuntura sexenal.
El fondo de guerra convertido en recurso electoral es significativo porque pone sobre el tintero los viejos predicamentos de reforma o revolución y lucha electoral o lucha armada. Estas expresiones dicotómicas encierran un profundo contenido de visión táctica y estratégica vigente hasta la actualidad pero no necesariamente contrapuestas.
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