Homenaje a Ricardo Mejía Samaniego a 5 años de su cobarde asesinato.

martes, 30 de agosto de 2022

Revista Poder Popular # 6

Editorial

En días recientes Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de que, ya sea mediante reforma constitucional o decreto presidencial, la Guardia Nacional (GN) pase al mando directo del ejército, es decir que se formalice su incorporación a la institución militar. Con tal propuesta en realidad solo legalizará lo que de hecho ya sucede pues es de conocimiento público, y ha sido denunciado numerosas veces,  que dicha corporación está conformada fundamentalmente por elementos militares que simplemente cambiaron de uniforme y que toda su estructura operativa es controlada por altos mandos de dicha institución, pero además terminará por traicionar su propuesta de campaña de desmilitarizar la seguridad nacional, de regresar los soldados a los cuarteles; en vez de disminuir la presencia militar en la vida pública lo que hará es dar otro paso en el aumento del poder castrense en el escenario nacional. Es un avance en la configuración de un Estado aún más autoritario. 

   Este proceso tiene varias implicaciones para las organizaciones populares y revolucionarias pues realza aún más los rasgos conservadores de la 4T y hace patentes el tipo de poderes y relaciones sociales que configuran y representa el Estado mexicano. Evidencia los límites de la propuesta lopezobradorista y nos dice a qué Estado se enfrenta cualquier posible proceso de lucha y transformación social.  En primer término, los pactos y negociaciones de AMLO con la élite castrense -del cual la repatriación y excarcelación del general Cienfuegos es su signo más evidente- muestran tanto la debilidad organizativa e ideológica de las fuerzas populares que apoyan la autodenominada 4T como la concepción de la política de su máximo dirigente. Antes que apoyarse en las masas promueve los pactos de elites para llevar a cabo sus proyectos. Su propio triunfo electoral no fue el resultado de una gran movilización popular sino de la gestión de acuerdos con la elite empresarial como lo muestran la colocación de Alfonso Romo en la Oficina de la presidencia y de tantos otros representantes de la oligarquía en el resto del gabinete.

De lo dicho resalta un dato alarmante. A pesar de que militantes de izquierda, defensores de derechos humanos, activistas sociales, académicos y organizaciones nacionales e internacionales denunciamos que el ejército comete permanente y reiteradamente violaciones graves a los derechos humanos, incluso que pueden llegar a ser calificados como crímenes de lesa humanidad, el pueblo mexicano tiene en alta estima a las fuerzas armadas. Podríamos discutir ampliamente sobre las razones para ello, sin embargo, el dato preocupante es que la mayoría de la sociedad pone su confianza en una organización en vuelta en múltiples hechos de violencia y corrupción, por demás antidemocrática, opaca y que protege a su personal con mantos de impunidad como pocas instituciones. Es a esas FFAA corruptas y asesinas a las que el pueblo apoya y a las que AMLO está haciendo crecientes cesiones de poder económico y político.  

Esto nos lleva al otro punto, pues respecto a la configuración estatal la cuestión es aún más grave. Si bien AMLO terminará su gestión y dará paso -muy probable e independientemente de quien sea su sucesor- a una aún más conservadora, lo que debe tenerse en cuenta desde una perspectiva más amplia es el tipo de Estado que todas esas concesiones están creando; ¿a qué FFAA es a las que se está otorgando el control de las áreas estratégicas de la economía y el control de la seguridad ciudadana?

Para nadie es un secreto que los niveles de violencia en amplias zonas del país son incontrolables y sumamente preocupantes para las grandes mayorías que las viven y las sufren, incluso la Ciudad de México, que antes era vista como una excepción, hoy es víctima de ajustes de cuentas y cobros de piso. Estos niveles de violencia son posibles gracias a que los grupos del crimen organizado logran la complicidad o el silencio de las fuerzas de seguridad, sobre todo del ejército. Quien crea que el ejército es una institución inmaculada y libre de todo pecado está cometiendo un error gravísimo; el ejército es parte de la estructura criminal. La infiltración, cooptación, subordinación y colaboración directa de los militares es lo que en gran medida hace posible el funcionamiento de la acumulación mafiosa vinculada al narcotráfico y el resto de actividades del crimen organizado, ¿no fue acaso, en última instancia, el ejército quien permitió la desaparición de nuestros 43 hermanos normalistas? 

   Las FFAA armadas a las que AMLO otorgó el control de aduanas y puertos, la construcción de los megaproyectos y ahora la seguridad nacional son una corporación profundamente permeada y vinculada al narcotráfico, son parte del narcotráfico. Pero la penetración del crimen organizado se encuentra también en el aparato judicial donde policías, sobre todo municipales, y jueces se encuentran al servicio del jefe de plaza correspondiente. Por eso la tesis de la ausencia del Estado o de un “Estado fallido” es falsa y tergiversa la realidad; no es la ausencia del aparato estatal lo que permite la continuación de la acumulación mafiosa sino que es la puesta de tal aparato en función de las actividades criminales lo que permite la continuación y reproducción del crimen y su violencia desmedida. El Estado no es ajeno a la realidad del poder económico del narcotráfico, esta permeado por él y así lo expresan todas sus instituciones, es, en gran medida, un Narcoestado. El caso de García Luna es una de sus evidencias más contundentes.

Así pues, Andrés Manuel dejará un ejército fortalecido ante la opinión pública, enriquecido por las decenas de contratos en sus mega obras y al mismo tiempo amplia la penetración criminal en el aparato estatal. AMLO blanquea al ejército y le da sustento jurídico y legal a su permanencia en las calles y en el control económico de áreas estratégicas y por el otro la violencia no cesa, se complica, se hace más fuerte abriendo espacio a discursos conservadores, sobre todo de las élites más reaccionarias, sobre la necesidad de un gobierno de “mano firme”, ahí está a la mano el triste ejemplo de Bolsonaro. El fracaso de la política conciliadora de Lula abrió las puertas a la ultraderecha, aquí podría estar pasando lo mismo.

Ante tal escenario surgen y se multiplican las preguntas: ¿Qué debe hacer la izquierda comunista ante este escenario que heredará AMLO?, ¿cuál será la mejor forma de lucha?, ¿tienen los llamados “progresismos” un carácter realmente progresivo, contribuyen a la causa de la emancipación social? Sin pretender agotar las respuestas, en este número se ofrecen algunas pistas para la discusión. Presentamos un breve reportaje sobre el lanzamiento del Frente de Izquierda mediante el que distintas fuerzas populares pretenden participar electoralmente en Michoacán, uno de los estados más agraviados por el narco, para ser una alternativa ante los partidos burgueses y así nos interpelan a discutir sobre la táctica más viable en las actuales circunstancias. En esa misma dirección presentamos un nuevo apartado del trabajo “Praxis y táctica en el horizonte actual. ¿La relación Teoría-Práctica?” con el cual se nos invita a reflexionar sobre el papel de la hegemonía burguesa y su papel en lo que parecen avances de la lucha social. Así los compañeros se preguntan si la Revolución Mexicana e incluso la Constitución de 1917 concebidas normalmente como logros de la lucha popular son realmente tales toda vez que terminaron siendo funcionales a la dominación burguesa y la reproducción capitalista; la misma perspectiva podríamos asumir frente a la 4T. También la segunda parte de “El último comandante” y “Apuntes de Guerra” del compañero Ítalo Díaz aportan elementos a esta preguntas pues en el primero continúa la recuperación del pensamiento del dirigente histórico del FSLN Carlos Fonseca y en concreto respecto a la relación entre la lucha de liberación nacional y el proyecto socialista mientras que en el segundo aborda un caso dramático de la guerra sucia en nuestro país y su relevancia ante la conformación de la llamada “Comisión de la verdad” pues los alcances y resultados de esta sin duda ahondarán el carácter real de la 4T y de manera más importante mostrarán el papel real de las FFAA en la configuración del Estado mexicano.

Esperamos como siempre seguir aportando a la discusión y reflexión tan necesaria para la conformación de una perspectiva revolucionaria en nuestra patria.


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Revista Poder Popular # 6

lunes, 29 de agosto de 2022

Pronunciamiento del Colectivo Familia Cabañas con motivo del Día del Detenido - desaparecido.

30 de agosto 2022

Al pueblo México:

Los aquí firmantes, familiares amigos y compañeros del profesor Lucio Cabañas Barrientos por este medio informamos al pueblo de México los hechos ocurridos en la década de los años 70, época en donde se aplicó una política sistemática de contrainsurgencia, de exterminio y violatoria de los derechos humanos, a más de 50 años las victimas siguen clamando justicia. 

EL CONTEXTO ES EL SIGUIENTE:
Hace más de cien años el PRI llegó al poder político de México, en otras palabras, la burguesía ocupó la presidencia de la republica al traicionar al movimiento revolucionario dirigido por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa quienes fueron asesinados a manos de dicho poder político. Desde ese tiempo la clase burguesa se enriquece aún más con la explotación a la que son sometidos los trabajadores de nuestro país. 
Bajo el dominio del PRI se han hecho históricas represiones y masacres en contra del pueblo trabajador. Durante la revolución fue creada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin embargo, la clase en el poder siempre gobernó como si no existiera. Para la clase pobre, no hay ley que los proteja o defienda, ni ministerios públicos ni jueces. Solo existen las balas y muerte cuando nos oponemos a sus políticas injustas, represivas y criminales, ejemplo de ello podemos mencionar lo siguiente: 
Los asesinatos del líder de campesinos en Morelos, Rubén Jaramillo, crimen ordenado por elm
 presidente de México Adolfo López Mateos el 23 de mayo de 1962, por luchar a favor de campesinos de ese estado; las masacres en 1960 en Chilpancingo y en Iguala, Guerrero, de militantes de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG); la masacre en Atoyac de Álvarez, Gro. El 18 de mayo de 1967, donde fueron asesinados por la policía judicial 5 padres de familia frente a la escuela primaria Juan N. Álvarez, en el momento que intentaban asesinar también al profesor Lucio Cabañas Barrientos por órdenes del mal gobierno; la masacre de copreros en Acapulco el 20 de agosto de 1967 donde según los informativos de aquellos años y algunos sobrevivientes fue de 40 muertos; la masacre de estudiantes, padres de familia y maestros y ciudadanos en general realizada por el ejército mexicano, el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, ordenada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz; la masacre también contra estudiantes, maestros, padres de familia y ciudadanos en general el 10 de junio de 1971 en Tlatelolco, Ciudad de México, ordenada por el criminal presidente de México Luis Echeverría Álvarez, quien acaba de morir sin haber sido castigado por este y otros delitos en contra del pueblo.

Estos hechos y muchos que faltan aquí citar dieron origen a una gran inconformidad e indignación popular que condujo a que miles de los mejores hijos de este país perdieran las esperanzas de buscar cambios políticos económicos y sociales por la vía pacífica y se empezaron a organizar clandestinamente formando organizaciones guerrilleras como el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), la   Unión del Pueblo (UP), Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), Los Lacandones, El Partido de los Pobres( PDLP) creado y dirigido por el comandante Lucio Cabañas Barrientos, organizaciones guerrilleras que se pusieron a combatir el régimen brutal y criminal mexicano por un estado socialista, esto solo por mencionar algunas de tantas organizaciones guerrilleras que se formaron en gran parte del país en el mismo propósito.
La respuesta del régimen del PRI fue aún más brutal y cruel puso en práctica lo que se conoce como la guerra sucia que comprende no respetar ninguna forma legal haciendo uso de las fuerzas armadas: ejército, marina, fuerza aérea y las distintas policías aniquilando a sus propios connacionales cuando su misión es protegerlos, a la vez que desaparecieron a cientos de personas, que hasta la fecha siguen en calidad de desaparecidos.  
La tortura fue una práctica sistemática del mal gobierno para obtener información de las víctimas, obligándolas a declararse culpables para salvar su vida, pero muchas de ellas murieron durante estas cesiones violentas de tortura. Otras personas fueron ejecutadas extrajudicialmente después de sacarles la información que a los torturadores (el Estado Mexicano) les interesaba.
Miles de esas víctimas siguen desaparecidas, las que posiblemente fueron conducidas al campo militar de los diferentes estados del país, así como a otras cárceles clandestinas e ilegales donde fueron sometidos a todo tipo de tormentos, otras más fueron arrojadas al mar.
El 30 de agosto es el día internacional del detenido desaparecido y con ese motivo difundimos esta información por medio de este comunicado.
Con este motivo hacemos llegar al Estado mexicano la más enérgica protesta por falta de solución a la problemática de las víctimas, y a la vez expresamos nuestra solidaridad fraterna a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y a todos los hermanos sobrevivientes de la guerra sucia, de esa etapa obscura que empaña la historia y la democracia de nuestro país.

COLECTIVO FAMILIA CABAÑAS