->Las negociaciones de la
“modernización” del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea van a
pasos agigantados, mientras que el país se encuentra sumido en una
crisis de derechos humanos cada vez más profunda, reconocida por todas
las instancias internacionales de derechos humanos.
-> Las organizaciones de
la sociedad civil mexicana alertamos del peligro que un nuevo Acuerdo
Global con enfoque meramente comercial profundice la crisis de derechos
humanos y la violencia en el país.
-> Proponemos un Acuerdo
Global de Derechos Humanos con medidas concretas contra la impunidad en
México, antes de cualquier nuevo acuerdo económico.
El Acuerdo Global México - UE vigente
(nombre completo: Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política
y Cooperación) fue firmado en 1997 y entró en vigor el 1 de octubre de
2000. Su núcleo es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM). Hoy en día falta una amplia discusión de las
consecuencias de este contrato. Como puntaje, en materia económica se
tendría que analizar el creciente déficit comercial con la Unión
Europea, la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores
mexicanos, que hoy ganan 42 % menos que en China, los contratos de
protección patronal en empresas con inversión europea que impiden
derechos laborales con violencia, y la creciente desigualdad, entre
otros.
Crucial en esta discusión es la
“cláusula democrática” del acuerdo, también conocida como cláusula de
derechos humanos, la cual establece lo siguiente: "El respeto a los
principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como
se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y
constituye un elemento esencial del presente Acuerdo".
Durante los 17 años de vigencia del
Acuerdo, dicha cláusula no fue aplicada en ningún caso, a pesar de que
desde 2006 vivimos una crisis de derechos humanos en México que se sigue
profundizando, quedando como letra muerta, como dejo en evidencia el
caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa; a 32 meses de los hechos, no hay ningún victimario
enjuiciado. O el asesinato de los defensores de derechos humanos Jyri
Jaakkola, ciudadano finlandés, y la mexicana Bety Cariño (2010) ocurrido
en Oaxaca por un grupo armado plenamente identificado y con apoyo
gubernamental, sin que hasta hoy haya condena alguna; entre otros muchos
casos que se pueden revisar en la información adicional.
En este contexto, la “modernización” o
renegociación del Acuerdo Global supone varios retos. El primero, el de
la transparencia como una medida contra la corrupción. Las negociaciones
iniciaron en junio de 2015 y está prevista su conclusión este 2017, sin
embargo se requiere con urgencia un amplio control democrático, pues
una negociación a espaldas de la sociedad limita su aprobación popular.
En segundo lugar, se aprecia una nueva
ofensiva neocolonial contra los pueblos de México; el borrador del nuevo
acuerdo incorpora temas cruciales como el fomento de semillas
transgénicas y pesticidas, que ponen en peligro al maíz criollo, con
ello los campesinos perderían aún más el control sobre su tierra.
En tercer lugar, después de la apertura
del sector energético y minero, el Acuerdo Global puede causar una
liberalización total e irreversible de este mercado a favor de las
grandes empresas europeas con todas las consecuencias: precios altos de
luz, extractivismo sin control, daños profundos del medio ambiente; en
otros sectores de inversión también bajos salarios a las y los
trabajadores, mientras los inversionistas actúan con toda libertad y sin
control alguno.
Si estos tres retos no se toman en
cuentan, la modernización del Acuerdo corre el riesgo de profundizar la
desigualdad, la violencia hacia defensoras, defensores, periodistas y
población en general; es decir, ahondaría la crisis de los derechos
humanos en el país. Por ello, es urgente incluir elementos explícitos de
buena gobernanza, como en la cláusula con Centroamérica.
No bastan las declaraciones,
resoluciones, muestras de solidaridad o diálogos de alto nivel;
necesitamos un compromiso a favor de los derechos humanos, más que un
nuevo acuerdo global de comercio. Para ello contamos con numerosas
experiencias en la materia, de comunidades y redes, opiniones de
expertos y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado
de la ONU, que propone la creación de un Consejo Asesor contra la
Impunidad.
Desde la Sociedad Civil Mexicana
proponemos un Acuerdo Global de Derechos Humanos con medidas concretas
contra la impunidad y la corrupción, con una cláusula democrática fuerte
que debería suspender la cooperación ante violaciones graves de
derechos humanos y el incumplimiento de medidas que mejoren la
gobernanza, antes de cualquier nuevo acuerdo económico. Este acuerdo
debería aplicarse también en la sociedad europea, ya que en los últimos
tiempos existen violaciones graves de DDHH en estos países que nos
preocupan como sociedad mexicana, por ejemplo, la crisis migratoria en
el viejo continente.
Información adicional sobre el contexto de la crisis de DDHH
La crisis de derechos humanos en México
se actualiza con los recientes asesinatos de personas defensoras de
derechos humanos, entre ellas los indígenas rarámuris Isidro Baldenegro
López (15.01.2017) y Juan Ontiveros Ramos (01.02.17), defensores del
bosque en el estado de Chihuahua, y los indigenas wixárika Miguel y
Agustín Vázquez Torres (20.05.17), defensores del territorio en Jalisco.
El asesinato de la defensora Miriam Rodríguez Martínez el 10 de mayo de
2017 en Tamaulipas es otra señal alarmante del peligro que corren
familias con personas desaparecidas. Especialmente preocupante es la ola
de asesinatos de comunicadores, tan sólo entre marzo y mayo del año en
curso fueron asesinados siete periodistas en los estados de Guerrero,
Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa y Jalisco,
siendo Miroslava Breach y Javier Váldez los de mayor trayectoria. (Ver
contexto al final).
Según Artículo 19, los agresores de la
prensa en México durante 2016 fueron en 226 casos funcionarios públicos,
en 69 casos particulares, en 31 casos partidos políticos, en 17 el
crimen organizado y en 83 casos no se identificó al agresor (gráfica
aquí).
Estas cifras ponen en evidencia que en gran medida los agresores a la
prensa, son las mismas autoridades que deberían garantizar sus derechos.
La impunidad en estas violaciones graves
a derechos humanos es ya histórica y es resultado de la inoperancia de
los organismos de procuración de justicia. Basta mencionar tres casos:
La tortura sexual de mujeres mexicanas y europeas durante el operativo
policíaco en Atenco, Estado de México, en 2006 no fue investigada con
seriedad y recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) acaba de retomar el caso.
La falta de voluntad política del
gobierno mexicano de proteger a las y los defensores se ejemplifica con
el “Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas”. Un mecanismo que según el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU debería reforzar el gobierno mexicano (compromisos 148.117 y 118
del
EPU, 2013),
lamentablemente este 2017 no cuenta con recursos, situación que ha sido
reconocida oficialmente a raíz del asesinato del periodista Javier
Váldez.
El creciente descontento social va de la
mano con la criminalización de la protesta social. Prueba de esto son
los cientos de detenciones arbitrarias de defensoras y defensores entre
ellos el de la defensora guerrerense Nestora Salgado; asesinatos de
civiles en operativos policíacos contra comunidades indígenas, como en
el municipio purépecha de Nahuatzen, Michoacán en abril de 2017; en la
comunidad nahua de Ixmiquilpan Hidalgo, en enero de 2017 y en el pueblo
mixteco de Nochixtlán Oaxaca, en junio de 2016. Recientemente fueron
asesinados en el Istmo de Oaxaca los activistas Leticia Nicolás Ramírez,
Benjamín Juárez José y Alberto Toledo Villalobos.
Nos preocupa sobremanera que el Estado
solo tenga una respuesta policíaco-militar para la protesta social, en
vez de atender las causas de raíz, como la pobreza, la desigualdad, la
impunidad y la corrupción, por ejemplo en los casos de tortura el 99% no
reciben una sentencia, quedando de manifiesto la inoperancia del
aparato de justicia.
También otros indices de la violencia
muestran un panorama desolador. En este año, los feminicidios aumentan
en muchos lugares, en los estados Chihuahua y Oaxaca ya se cuentan más
de 50 casos. La tasa de homicidios dolosos aumenta en una velocidad
espeluznante y se encuentra al mayor nivel desde 1997, cuando empezaron a
registrarse las denuncias presentadas por este delito.
El Relator Especial sobre la situación
de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, considera que
las causas fundamentales son la exclusión y desequilibrio de poder entre
Estados, empresas y defensores de derechos humanos; la comercialización
y financiación del medio ambiente, así como la corrupción y la
impunidad que vulnera sobre todo a defensores de los derechos humanos
ambientales (informe
A/71/281).
Si bien el tema de empresas y derechos
humanos es relativamente nuevo, algunos países cuentan o trabajan en sus
planes nacionales retomando los principios rectores establecidos por la
ONU, México incluido. Sin embargo al ser voluntarios, corremos el
riesgo de que sea retomado el discurso pero las acciones continúen
siendo violatorias de derechos humanos. Es decir, que prevalezcan los
negocios por encima del respeto a los derechos humanos.
Está claro que no hay seguridad de
inversión sin respeto a derechos humanos, por ello resulta fundamental
que el derecho a la consulta libre, previa e informada, sea reconocido y
ejercido como un derecho colectivo fundamental de acuerdo a los
estándares internacionales, y no sea un trámite que cumplir, como está
sucediendo en varios megaproyectos, entre ellos el
caso del parque de Eólica del Sur en Juchitan, Oaxaca.
Firmantes:
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO)
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE)
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ)
Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec AC.
Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C.
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Méxicano CECCAM A.C.
Coalición Obrero Campesino Estudiantil (COCEI-MNPP)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) A.C.
Colectivo Tajtolmej Taltipak A.C.
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha – CODIGO DH
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas -CNDCCH
Consorcio para el diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Linea de Masas (CONMOP-LM) A.C.
Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización
Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C.
Frente Popular Revolucionario (FPR)
Frente Regional de Pueblos del Bajo Mixe Choapan
Fundación Yansa
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Grupo Mesófilo A.C.
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) A.C.
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) A.C.
Izquierda Democrática Popular
Ixhuateca Radio 92.1 FM
Luna del Sur A.C.
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) A.C.
Municipio originario de Santa María Atzompa, Oaxaca
Ojo de Agua de Comunicación
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)
Organización de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe (OPI)
Organización de pueblos Indígenas de la Cuenca (OPIC)
Preparatoria comunitaria José Martí de San Francisco Ixhuatán
Promotora de Servicios para el Desarrollo S.C.
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) A.C.
Radio Coalt, Santa María Coapan, Puebla
Radio Tlayoli, La Cumbre, Sierra Negra Puebla
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales RedPAR
Servicios del Pueblo Mixe A.C.
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.
Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) A.C.
Tianguis Indígena Multicultural, A.C.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por
84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza
Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos
Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de
Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.);
Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”
(Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa
del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a
Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al
Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la
Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de
Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos
Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las
Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria
O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías
de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan
Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos
de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de
Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá,
Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.);
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de
Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de
Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de
Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y
Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de
México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de
México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara)
(Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray
Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando
Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.);
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro
Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María
Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos
Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia
Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por
los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra
la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San
Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
(Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de
Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo
(Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero
(Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
(Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos
Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr.
Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos
Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité
de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos
Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de
Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos
Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de
Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo,
Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta
Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos
Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica
Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de
México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro,
Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos
(Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla,
Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de
México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.
(IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y
Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.
(Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72)
(Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación,
Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.
(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México);
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación
(PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.
(Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos
Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y
Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de
Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C.
(Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces
Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las
Casas, Chiapas).
