jueves, 25 de julio de 2013

Contra cambio legislativo en el Estado de México

Frente a la determinación del Congreso del estado de México de aprobar la iniciativa de ley por la cual se penaliza con cinco a 10 años de prisión a quien preste servicios educativos sin autorización o reconocimiento oficial, la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense expresa:

La ley en cuestión, de manera inusitada y perversa, equipara la misión social del docente de las escuelas populares con los propósitos rentistas y fraudulentos que se presentan en muchas escuelas particulares. Su propósito real es frenar el crecimiento, beligerancia y la resistencia contra la imposición de la reforma educativa que desde las organizaciones sociales se ejerce en el estado de México. Sabemos a ciencia cierta que con el apoyo de las comunidades escolares, de los barrios marginados y comunidades indígenas olvidadas es posible hacer que afloren las escuelas ahí donde antes había basureros y que la gestión educativa que se desarrolla desde las organizaciones sociales jamás contará en sus inicios con el beneplácito gubernamental. La experiencia nos ha enseñado que esta es una conquista social y política que se pelea butaca tras butaca y ladrillo tras ladrillo, hasta lograr el reconocimiento oficial, pero rompiendo la cadena de mando en la estructura de sometimiento institucional y abriendo con esto las posibilidades de modelos educativos alternativos a las visiones oficiales y neoliberales.

Nuestra más enérgica condena a los diputados que aprovechándose del periodo de receso escolar y haciendo acopio de la simulación y el engaño promovieron y aprobaron esta iniciativa de ley.

Por la Coordinadora Magisterial y Popular Mexiquense, Ítalo Ricardo Díaz Díaz

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