jueves, 1 de marzo de 2012


C. CARMEN LIRA SAADE
DIRECTORA DEL PERIODICO “LA JORNADA”

P R E S E N T E.
   Por este conducto, la Organización Política Izquierda Democrática Popular, le solicita muy respetuosamente se incluya en la sección “El Correo Ilustrado”, del periódico que usted dirige, la siguiente carta que dirigimos a la opinión pública con motivo de la disputa por el espectro radioeléctrico que protagonizan por un ladeo Telmex y por el otro las televisoras Televisa y TV Azteca, considerando además la postura pública que se pronuncia por una tercera cadena televisiva.
Al Pueblo de México
A la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI), la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias y el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios.
A todas las organizaciones defensoras del derecho a la comunicación e información, radios comunitarias y todas las que han venido luchando por una nueva y democrática Ley de Medios.
A quienes luchan por la democracia y en contra del imperialismo.
   UNA TERCERA CADENA TELEVISIVA NO ES LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, ES UN NUEVO REPARTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR GRANDES CONSORCIOS NACIONALES Y TRANSNACIONALES.
   Recientemente, a través de la prensa escrita, la radio, la televisión y el internet, se ha expresado una de las facetas de la confrontación entre poderosos consorcios monopólicos para repartirse el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Por una parte TELMEX reclama una tercera cadena televisiva y por la otra, TELEVISA y TV Azteca una mayor tajada en la telefonía fija y móvil. Esto tiene que ver con un bien que la propia Constitución mexicana, y las de casi todo el mundo, reconocen como un bien de la nación, es decir, del pueblo; y también con las telecomunicaciones cuya infraestructura fue construida por el Estado, es decir, con recursos públicos, también del pueblo.
   Tanto una parte como la otra, difunden sendos anuncios y espot, en los que acusan al otro de, monopólicos y prestadores de pésimos servicios, y se presentan a si mismos como paladines de la democracia y de los intereses del pueblo.  Lo cierto es que ambos contendientes buscan sólo su beneficio y no el del pueblo.
  La realidad es que su propia existencia contradice el sentido de la Ley Federal de Competencia Económica y demuestra la inutilidad de la Comisión instituida con ella, cuyos funcionarios ganan altísimos sueldos sólo para simular que en nuestro país no existen monopolios. Pero también demuestra para quien sirven las instituciones y poderes constituidos, como se evidenciaron nuestros senadores y diputados al aprobar la llamada Ley Televisa en el 2006, apenas salvados por un grupo de 30 senadores firmantes de la Acción de Inconstitucionalidad y la resolución 26/2006 de la Corte que invalidó varios de sus preceptos. Nuestros representantes mantienen hasta ahora en la congeladora la adecuación de la ley a esta resolución. Pero no sólo los autollamados  “representantes populares” mostraron su servilismo ante las televisoras sino también los funcionarios de la SCT y de la COFETEL, que hoy, a pesar del mandato esgrimido por el máximo tribunal sirguen fungiendo como repartidores del espectro en beneficio de éstos monopolios. Que podemos decir del usurpado Poder Ejecutivo que no considera, como lo piensan también los empresarios de la radio y la televisión, a los medios como materia de las reformas “estructurales” necesaria del Estado para la “transición” a la democracia.
   Una tercera cadena no es la vía para la democratización de la comunicación, solo es la aceptación de un consorcio nuevo en el mercado. Se pretende que tres monopolios controlen la comunicación y se beneficien con el desarrollo tecnológico, con la digitalización del espectro que permite hoy más canales en los que antes sólo había uno. Ellos quieren apropiárselos.
   El marco legal que regula la administración y distribución del espectro radioeléctrico en México necesita un cambio radical, mismo que se enmarca dentro de la necesaria transformación democrática que demanda el pueblo mexicano. Dicha reforma debe cumplir con los principios y garantías del pluralismo, información veraz, neutralidad, formación de una opinión pública libre, independencia y participación popular; principios contenidos en el derecho internacional, en las legislaciones de otros países y en la doctrina del derecho derivada de los derecho humanos a la comunicación e información; así como de la libre expresión de las ideas y del pensamiento.  Doctrina que se expresa en la teoría del control democrático de los medios de comunicación. El pueblo no sólo tiene el derecho a recibir información, opiniones e ideas; sino también a generarlas y difundirlas por cualquier medio sin limitación alguna.
   Ante la tercera cadena, el pueblo demanda participación en los medios y en los mecanismos de control constitucional. Una división del espectro en tres es una alternativa planteada en otros países: una tercera parte para el sector público, otra para el privado y la última para la radio y televisión comunitaria. Además de organismos independientes y autónomos, con participación decisiva de la comunidad como ejes garantes para el real ejercicio del derecho humano a la comunicación.

¡¡POR LA PATRIA EL PODER POPULAR!!
¡¡ANTE EL ESTADO FALLIDO, CORRUPTO E ILÉGITIMO, UNA NUEVA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!!
IZQUIERDA DEMOCRÁTICA POPULAR

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